Investigan a alcalde de Teuchitlán por presunta colaboración con el CJNG

San Luis Potosí, martes 6 de mayo de 2025.- El presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, enfrenta una acusación formal de la Fiscalía General de la República por su presunta participación en actividades vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), específicamente en torno al predio conocido como Rancho Izaguirre.

De acuerdo con la FGR, Murguía habría otorgado apoyo logístico al grupo delictivo, incluyendo patrullas, armas y elementos de la policía municipal para proteger el lugar, el cual está relacionado con desapariciones forzadas, violencia organizada y reclutamiento criminal. Las autoridades federales sostienen que el alcalde recibía pagos mensuales en efectivo a cambio de estos servicios.

Durante la audiencia inicial realizada en Puente Grande, la fiscalía presentó testimonios de víctimas que identificaron al alcalde como parte de la estructura operativa del cártel. Uno de los señalamientos más graves lo ubica en el interior del Rancho Izaguirre junto a un operador identificado como El Comandante Lastra, participando en acciones que involucran restos humanos.

Según los fiscales, el rancho funcionaba como un centro de entrenamiento, y Murguía habría tenido un papel activo en el proceso de selección de reclutas. Aquellos que no superaban las pruebas eran presuntamente ejecutados.

El caso también condujo al hallazgo del Rancho La Vega, en la misma región, donde en enero pasado fueron rescatadas 38 personas, de las cuales la mayoría había sido reclutada de forma forzada. En este lugar, los testimonios recogidos señalan prácticas de fabricación de drogas y violencia extrema.

La FGR indicó que parte de esta operación criminal pudo haberse consolidado desde 2018, pese a que existían advertencias públicas sobre campamentos del crimen organizado en la zona.

Murguía ha ocupado el cargo de alcalde en tres ocasiones y es militante del partido Movimiento Ciudadano. Luego de su detención el 4 de mayo, el gobierno estatal expresó su respaldo al proceso judicial, mientras que legisladores del PAN exigieron que se investigue la posible existencia de una red institucional más amplia.

El caso sigue su curso ante un juez federal, con nuevas diligencias previstas por las autoridades.