Estado de México, jueves 24 abril de 2025.- El pleno del Congreso del Estado de México recibió este miércoles dos iniciativas de ley que buscan incrementar significativamente las sanciones contra quienes cometan el delito de despojo en la entidad. Además, los diversos grupos parlamentarios aprobaron un exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) para que diseñe e implemente una estrategia interinstitucional integral para prevenir, investigar, perseguir y sancionar este delito, con especial atención en los municipios del Valle de México.
Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que se emitirá un acuerdo sobre este tema a la brevedad, dada la “importancia que reviste este problema, el cual detonó públicamente en las últimas semanas, cuando la realidad es que siempre ha existido”. Vázquez añadió que desde el Congreso se trabajará para garantizar la correcta adquisición de documentos probatorios de propiedad.
Durante la sesión, el diputado de Morena Octavio Martínez propuso que el delito de despojo sea considerado grave, que se restituya el bien afectado en un plazo no mayor a 72 horas y que se impongan penas de hasta 10 años de prisión. Martínez señaló el grave problema que representa en municipios como Ecatepec la presencia del grupo denominado “Los 300”, presuntamente vinculado con un personaje político.
A esta iniciativa se sumaron la diputada ecologista Miriam Silvia Mata y el morenista Samuel Morales Cruz, quienes coincidieron en la urgencia de hacer justicia y reducir la incidencia de este delito en el estado.
Por su parte, Isaac Josué Hernández, del Partido del Trabajo, adelantó que en la próxima sesión se presentará un exhorto para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) agilice las investigaciones de los casos de despojo existentes. Su compañero de bancada, Ernesto Santillán, solicitó a la Fiscalía informar al Congreso sobre el número de carpetas de investigación abiertas y su estado actual, mientras que la diputada Yareli Esparza criticó la mala integración de algunos de estos registros.
La diputada Ruth Salinas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso sanciones aún más severas, planteando penas de 15 a 25 años de prisión cuando el despojo se cometa en contra de mujeres, indígenas y personas adultas mayores; de siete a 20 años si afecta zonas protegidas; y de seis a 25 años para los autores intelectuales del delito.
En tanto, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lilia Urbina Salazar, presentó un punto de acuerdo para que la Legislatura exhorte formalmente a la Secretaría de Seguridad mexiquense a diseñar e implementar estrategias específicas para abordar el problema del despojo en la entidad.
Actualmente, el delito de despojo en el Estado de México se castiga con penas que van de uno a cinco años de cárcel y de 30 a 125 días multa. La legislación actual solo impide la libertad bajo fianza cuando el despojo se comete en contra de áreas naturales protegidas o implica la apropiación de cruces de aguas.
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