San Luis Potosí, viernes 1 de agosto de 2025.- El asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada que trabajaba como taxista en Álamo Temapache, Veracruz, dejó al descubierto el riesgo al que se enfrentan miles de conductores en el país. La mujer fue privada de su libertad el 18 de julio y, días después, apareció en un video donde era obligada a advertir a otros taxistas sobre el pago de cuotas al crimen organizado. Seis días después, su cuerpo fue localizado sin vida.
Especialistas en seguridad señalan que el caso refleja un patrón nacional en el que los grupos criminales ejercen control sobre el transporte público con tres objetivos principales: utilizar taxis para mover droga, convertir a los conductores en informantes forzados y asegurar ingresos permanentes mediante extorsiones. Este modelo, implementado hace años por Los Zetas, continúa vigente con diversas organizaciones.
En el norte de Veracruz, la disputa entre la llamada Mafia Veracruzana, Los Piñas y otros grupos mantiene una violencia constante que afecta especialmente a sectores vulnerables como los taxistas. El caso de Irma se convierte así en ejemplo del impacto directo que esta dinámica tiene en la vida de quienes dependen de este trabajo para sobrevivir.
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